Experto en Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Los países deben dejar de exportar productos químicos tóxicos prohibidos

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Delegación del CITI ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, el 19 de mayo de 2015, presentando sobre los impactos del uso de plaguicidas tóxicos en los niños en Río Yaqui Sonora, México. De izquierda a derecha, Francisco Villegas Paredes, Aurelia Espinoza Buitimea, y Andrea Carmen

 

13 de julio de 2020, Tucson, Arizona: El 9 de julio de 2020, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Tóxicos, Baskut Tuncak, emitió una declaración indicando que “la práctica de los Estados ricos de exportar sus productos químicos tóxicos prohibidos a las naciones más pobres que carecen de la capacidad de controlar los riesgos es deplorable y debe terminar”. Su declaración fue respaldada por otros 35 expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre ellos el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay. Asimismo, confirmó que en 2019 al menos 30 Estados (países) exportaron a América Latina, África y Asia sustancias peligrosas que habían sido prohibidas en sus propios países por razones sanitarias y ambientales.

Desde 2001, el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) ha abordado con persistencia los efectos perjudiciales y a menudo mortales de la exportación de plaguicidas prohibidos por parte de Estados Unidos y otros países en los pueblos indígenas de México, Guatemala, Ecuador y otros países, así como en la región del Ártico, donde se acumulan muchos de esos productos químicos. En diciembre de ese año, el CITI organizó una reunión con los pueblos indígenas y la primera Relatora de las Naciones Unidas en esa función, la Sra. Fatma-Zohra Ouhachi-Vesely, durante su visita oficial a los Estados Unidos. Al abordar el tema de la práctica estadounidense de exportar plaguicidas que ha prohibido para su uso en su propio país debido a sus conocidos impactos mortales para la salud, una práctica que se sigue permitiendo en virtud del derecho estadounidense e internacional, declaró que “Porque algo no sea ilegal, no quiere decir que no sea inmoral. Permitir la exportación de productos reconocidos como perjudiciales es inmoral.”

El CITI, en coordinación con su afiliada Jittoa Bat Natika Weria y las Autoridades Tradicionales Yaqui de Río Yaqui Sonora, México, ha recogido más de 90 testimonios de miembros de la comunidad Yaqui afectados, incluidos más de 40 relacionados a muertes y defectos graves de nacimiento, cánceres infantiles como la leucemia, y otras enfermedades mortales que afectan a los niños yaqui debido al uso de pesticidas altamente tóxicos, y a la fumigación aérea y la quema de cultivos contaminados por las empresas agroindustriales que operan alrededor de sus pueblos. Estos testimonios se han presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las sustancias tóxicas, la salud, la alimentación, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, durante muchos años.

En 2015, para el examen de México a manos del Comité de los Derechos del Niño, el CITI patrocinó una delegación de Río Yaqui Sonora, México, incluida una partera tradicional, a presentar 39 casos de niños muertos o moribundos por el uso de plaguicidas tóxicos en las tierras nativas de los Yaqui. Como resultado, el Comité de los Derechos del Niño exhortó a México a que detuviera la importación de plaguicidas que habían sido prohibidos por el país exportador y a que trabajara con los Yaqui y otras comunidades afectadas para hacer frente a sus repercusiones en la salud. El Comité de los Derechos del Niño también reconoció por primera vez que la “salud ambiental” es un derecho protegido por la Convención en lo que respecta a la salud infantil y materna.

En 2018, el CITI también colaboró con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en la adopción de una resolución en la que se pedía al Relator Especial sobre Derechos Humanos y Tóxicos, también conocido por el nombre completo de su mandato como el “Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos (tóxicos)”, que llevara a cabo un examen jurídico y de derechos humanos de las Naciones Unidas, basado en los derechos afirmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Convenio de Rotterdam de las Naciones Unidas permite el tráfico internacional de plaguicidas prohibidos y altamente restringidos y otros productos químicos tóxicos.

Mariano Ochoa Millan, miembro de la Junta Directiva del CITI y el anterior gobernador de los autoridades tradicionales del Torim Pueblo, Río Yaqui Sonora, México, acogió con satisfacción la declaración del Relator Especial: “Muchos de nuestros niños Yaqui han muerto y sufrido discapacidades de por vida por haber estado expuestos a plaguicidas tóxicos que fueron prohibidos por los países que los exportaron para ser utilizados en nuestros territorios”. Esperamos que la comunicación del Relator cambie estas políticas y se traduzca en el respeto de nuestros derechos como pueblos indígenas a un medio ambiente sano”, expresó.

El Relator Especial Tuncak, en su comunicado de prensa del 9 de julio, señaló que “las naciones más ricas a menudo aplican una doble moral que permite el comercio y el uso de sustancias prohibidas en partes del mundo donde las regulaciones son menos estrictas, externalizando los impactos en la salud y el medio ambiente en los más vulnerables… Desde hace mucho tiempo los Estados deberían haber detenido esa explotación”. Tras señalar los aspectos racistas de esta práctica en los países en desarrollo y del tercer mundo, en Asia, África y América Latina, añadió que “el hecho de no abordar esta explotación de larga data es discriminación, así de sencillo.”

 

Para leer el texto completo del comunicado de prensa de la ONU, acceda a: https://www.iitc.org/un-states-must-stop-exporting-unwanted-toxic-chemicals-to-poorer-countries/

Para obtener más información sobre la labor del CITI en materia de salud ambiental y plaguicidas, póngase en contacto con Rochelle Diver, [email protected] (inglés) o con Francisco “Paco” Villegas Paredes, [email protected] (español).

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