28 de febrero de 2026, Cartagena, Colombia: 28 de febrero de 2026, Cartagena, Colombia: En el último día de la 2.ª Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), los participantes indígenas provenientes de 7 regiones y 19 Pueblos Indígenas distintos rechazaron formalmente la Declaración Final de la Conferencia.

La Conferencia fue organizada por el Gobierno de Colombia del 24 al 28 de febrero en Cartagena de Indias, Colombia, y contó con la participación de 60 Estados. Fue precedida por una
Conferencia Académica Internacional del 20 al 22 de febrero de 2026 y por un Foro de Pueblos y Movimientos Sociales titulado «Unidos por la tierra, el agua, los territorios y la dignidad»,
celebrado los días 22 y 23 de febrero de 2026. Delegados indígenas participaron en ambas reuniones previas.

El objetivo declarado de la ICARRD+20 fue «debatir y renovar compromisos internacionales acerca del acceso equitativo a la tierra, la reforma agraria y el desarrollo rural sostenible, reconociendo la tierra como condición esencial para combatir el hambre, reducir la pobreza rural y fortalecer la paz».

A pesar de la importancia fundamental de estos temas para los Pueblos Indígenas y sus derechos, el CITI y otras delegaciones indígenas rechazaron colectivamente la Declaración final
adoptada por los Estados. La razón principal fue que, a su juicio, los Estados habían erosionado y debilitado los derechos colectivos distintivos de los Pueblos Indígenas al confundirlos o
fusionarlos con términos y grupos ambiguos, como «comunidades locales», en la Declaración, a pesar de las numerosas objeciones planteadas por los participantes indígenas y sus aliados
de la sociedad civil durante todo el proceso.

Durante las negociaciones, los delegados indígenas reafirmaron de manera constante la necesidad de respetar los derechos reconocidos internacionalmente en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como las recomendaciones de los tres mecanismos de las Naciones Unidas: la Relatoría Especial de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; la Presidencia del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y la Presidencia del Foro Permanente de las Naciones
Unidas para las Cuestiones Indígenas. Estos mecanismos han aclarado que las características, la naturaleza y los orígenes de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas como Pueblos
son fundamentalmente distintos de los de otros grupos. Asimismo, han señalado que los Pueblos Indígenas no deben agruparse con «comunidades locales» no definidas, que pueden
tener derechos e intereses muy diferentes e incluso contradictorios.

Los participantes indígenas expresaron su agradecimiento por la intervención del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, durante la
Conferencia, quien también transmitió las preocupaciones de los Pueblos Indígenas a los gobiernos presentes. Del mismo modo, expresaron su profundo aprecio y respeto por la
solidaridad de los movimientos sociales presentes, quienes, en una unidad inquebrantable, se unieron a los Pueblos Indígenas para rechazar la Declaración final de la Conferencia durante la
ceremonia de clausura.

Saúl Vicente Vázquez, miembro de la Junta Directiva del CITI, líder zapoteco y participante en la Conferencia, agradeció a los movimientos sociales del Comité Internacional de Planificación
para la Soberanía Alimentaria (IPC), que reúne a más de 6.000 organizaciones en todo el mundo y representa a más de 300 millones de miembros, por su firme apoyo frente a este ataque contra
los derechos de los Pueblos Indígenas.

Dionicio Canahui, co-coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria del CITI y miembro del Pueblo Maya Achi, quien también participó en la Conferencia, hizo un llamado a todos los
gobiernos, instancias y organismos de las Naciones Unidas para que eviten confundir o fusionar las referencias a «Pueblos Indígenas» con el término «comunidades locales» en todos los
documentos que surjan de sus reuniones oficiales y, en su lugar, reafirmen de manera sistemática la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
como el estándar mínimo internacionalmente reconocido para los derechos, la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los Pueblos Indígenas del mundo.